Me siento confuso. Viajo a menudo entre dos países y
encuentro en el país en conflicto, que es en el que vivo, menos problemática y
conflicto que el que se cree el país que me vio nacer. Me perturba esta
situación porque sería de mi agrado que los que nacieron castellano manchegos
como yo, desde la lejanía de Cataluña, supieran interpretar sin errores lo que
realmente ronda en las mentes de los, nacidos o
residentes en Cataluña, los que en definitiva tienen su vida, su
familia, hijos, nietos y allegados en esta tierra.
No comulgo con cuanto se vierte sobre el tema catalanista
desde el Presidente del Gobierno hasta el último de los mortales de este país
que es España. Todos vamos a remolque, hasta los medios informativos,
políticos, medios sociales y ciudadanos, de cuanto dice o hace el President de
la Generlitat de la Catalunya, provocando de esta forma una aureola de
independentismo y una problemática inexistente, que el residente de Cataluña no
alcanza a comprender y que en la mayoría de los casos ni se la plantea.
La mayoría de los de fuera de Cataluña pensarán que esos
catalanes, - a quienes Franco aplacó sus iras con mimos a lo largo de su
historia, mediante apertura de empresas emblemáticas o infraestructuras de envergadura,
como si de premios se tratara para
aplacar cualquier atisbo separatista y a quienes se les reconoció como
Comunidad histórica en la nueva Constitución para unirla en sentimiento a
España -, son unos insaciables que no pararán en perseguir un Estado propio.
A los que, por distintas razones y motivos nos ha tocado
vivir en Cataluña, no puedo ponerles en cuestión si están al lado o no de la
independencia, porque a buen seguro no tienen ni la opción de planteárselo, si
partimos de la premisa de que en su pueblo o ciudad natal solamente mamaron
unidad y no separación.
Pero, centrándonos en la separación o el independentismo
que se está planteando ahora en Cataluña, me choca que este planteamiento se
haya provocado ahora y me choca por el hecho de que, desde la Constitución de
1978, existe ya ese independentismo o separación, a raíz de la creación de las
Comunidades Autónomas, diecisiete en total, que vertebraron España de facto,
cada unas con sus competencias respectivas, dispares en muchos casos a medida
que han ido absorbiendo más y más competencias y con una simple nota de unidad
de la España en que vivíamos, como es el hecho de que el Gobierno Central se atribuyera
unas competencias exclusivas o intransferibles.
¿No cree Vd. que si las pensiones no fueran competencia
del Estado, se estarían preguntado una gran mayoría de pensionistas dónde fijar
su residencia, porque cada comunidad tendría un sistema propio de pensiones y
éstas diferirían en cada Comunidad Autónoma? Ya está pasando con la sanidad esta
disparidad por no decir disparate y con el Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas que permite en unas comunidades unas deducciones distintas de otras o
subidas de impuestos más gravosos. Hasta el I.B.I. es desigual en cada
municipio, aunque este sea otro tema. Esto parece más que un país de autonomías
un Estado de Estados Federales.
El problema catalán que últimamente se suscita en todos
los medios no es de recibo. Es un problema, pasando `por alto la historia,
creado por los padres de la Constitución de 1978 que permitieron, aunque sus
razones de peso tuvieron en su momento, la vertebración de España en diecisiete
pequeños Estados bajo el camuflaje de comunidades autónomas y que a los
Presidentes de Gobierno posteriores les ha obligado avanzar en la línea de dar
más y más competencias a cada uno de ellos para acallar sus ansias de poder.
Ahora se planea la cuestión de si una Cataluña
independiente la constituiría en un Estado viable económicamente, hasta el
punto de prestar a sus ciudadanos cuantos servicios un Estado debe prestar.
Según Artur Mas y sus compañeros de viaje, los llamados Junst pel Sí, (Juntos
por el Si), Cataluña independiente sería un Estado "con superávit, más
justo y progresivo" que la Cataluña actual que, en palabras de Mas, está
lastrada por su macro dependencia del Estado español. Según los contrarios a
Mas, el coste económico sería tal que, aun siendo un Estado viable económicamente,
los beneficios serían insuficientes para dos o tres generaciones.
¿Pero qué cifras manejan unos y otros? Los primeros
consideran que el déficit actual de Cataluña, de 5.000 millones desaparecería y
se obtendría un saldo positivo de 11.590 millones, incluso después de haber
costeado la transición a la independencia o creado las estructuras de Estado
como dice Artur Mas. German Bel, economista y número uno de Junts pel Si en
Tarragona, dice que un 40% de los impuestos que pagan los catalanes marchan y
no vuelven, unos 2.200 euros por ciudadano de Cataluña al año, casi 16.000
millones de euros en total, un total de 7,7% de nuestro PIB. Esa cifra elevaría
el PIB por habitante de una Cataluña independiente por encima de la media de la
UE, lo que permitiría llegar a la independencia con dinero extra en el
bolsillo. En el lado de los impuestos y tasas fiscales, Cataluña solo tiene que
reivindicar una redistribución más equilibrada de su rendimiento entre la
Administración Central y el conjunto de las comunidades autónomas, y si ello
procede, la corrección de privilegios que supondrían una competencia desleal
desde otras comunidades. Es en el lado del gasto público donde se produce la
gran injusticia con Cataluña, cuyos ciudadanos, que son los que pagan impuestos
y tasas, tienen derecho a servicios públicos de educación, sanidad y asistencia
social y a infraestructuras de nivel igual al de los ciudadanos de otras
comunidades. La actual discriminación que se traduce, a título de ejemplo, en
mayores pagos a colegios concertados, seguros sanitarios o peajes de autopista,
perjudica sobre todo a los ciudadanos de rentas más bajas que también existen
en Cataluña.
¿Qué pasaría con las pensiones? Los independentistas
aseguran que la Seguridad Social catalana partiría con un saldo positivo de
24.126 millones, mientras que los contrarios no se cansan en repetir que no
podría pagar las pensiones.
No nos olvidemos del déficit de la Comunidad catalana.
El President Mas está convencido de que el nuevo Estado asumiría la parte proporcional
de la deuda pública española que supera el billón de euros. Según un estudio de
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se estima que el nuevo Estado debería
quedarse con 85.000 millones de euros de la deuda del Estado. Sin embargo, si
se calculara la parte del PIB que
representa Cataluña en el conjunto de España (el 18,7%), el nuevo Estado catalán tendría que asumir
unos 200.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que el PIB catalán ascendió
en 2014 a 199.786 millones de euros, Cataluña nacería como Estado con una
deuda pública del 100%.
Respecto a las empresas y el comercio, en
el tema de exportaciones e importaciones las cifras también bailan. La gran patronal catalana, absolutamente
contraria a la independencia, augura una caída de las exportaciones y de las
importaciones y cree que los productos catalanes se encarecerían y perderían
competitividad. Es más, algunas de las voces en contra de la separación de Cataluña,
aseguran que sólo las ventas al mercado español de los
productos catalanes se reducirían un 30%, lo que acarrearía más pobreza
y más paro. Los independentistas ponen en duda este dato y dicen que no
entienden por qué tendrían que reducirse las exportaciones ni resentirse las
relaciones comerciales con el resto de España y del mundo.
Mas aseguraba hace escasos días que en un Estado
independiente habría más empleo y ponía como ejemplo los 70.000 puestos de
trabajo que se crearían para poner en marcha las estructuras del nuevo Estado. Eso
significaría reducir el paro al menos un 10% de un solo plumazo:
actualmente en Cataluña hay 726.000 parados, y la tasa se sitúa en el 19,1%
frente al 22,37% de España. Pero más allá de esa reducción, los soberanistas no
han sido capaces de explicar por qué y cómo habría más empleo en un Estado catalán
independiente.
En este orden de cosas, en este
vaivén de cifras y manifestaciones apelo con mi humilde pluma a la cordura, a
que en el plano político y económico no se engañe a nadie desde ningún bando,
que haya sensatez en cuantas decisiones
se hayan de tomar y se aplique la Constitución para erradicar el problema, o se
modifique en lo necesario, para evitar rupturas que, como en las guerras, sufre
el que está en la trinchera, el ciudadano a quien que le tocó ser catalán.
Isidro
Jiménez
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