viernes, 9 de agosto de 2019

¿Hasta cuándo estaremos hablando de la crisis económica?



A principios de 2007 ya vislumbramos los comienzos de la crisis, momento en que en la economía española se viene observando una caída, aunque leve, del empleo, con respecto a la tendencia hasta esas fechas en que crecía el empleo trimestre tras trimestre, de acuerdo con los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa).
Convencionalmente el comienzo de la crisis, que se considera sistémica y no sólo económica, se establece de forma general en el 2008 y se cita para sostener este criterio la quiebra en septiembre de este año de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión en Estados Unidos, tras 158 años de actividad ante el fracaso de las negociaciones con las dos entidades que en un principio se perfilaban como posibles compradores, Bank of America y el grupo británico Barclays. La quiebra de este banco fue consecuencia del estallido de dos burbujas que se habían venido gestando y alimentándose mutuamente desde bastante antes, sobre todo en la economía de los Estados Unidos de América y que habían conseguido contaminar a todas las economías más desarrolladas de la Tierra. Estas burbujas fueron la del negocio financiero y las del subsector de la construcción residencial.

La destrucción de empleo a partir de 2008 se produjo a toda máquina, especialmente en España. Las tasas de empleo cayeron, las tasas de paro se incrementaron y la tasa de crecimiento del PIB real se redujo. Concretamente, entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto de 2008, la tasa de paro en España pasó del 8,6% al 13,9 %. En el mismo periodo las tasas de empleo pasaron del 54% al 51,8% y la tasa de crecimiento del PIB real en el mismo periodo se redujo del 3,6% al 0,9%.
La crisis sigue y no parece terminar, porque las previsiones más optimistas, para las economías más desarrolladas, tampoco prevén un crecimiento real capaz de crear empleo hasta dentro de 4 ó 5 años. Esta crisis ha trastocado profundamente algunos mecanismos básicos para el funcionamiento de las economías y las sociedades más avanzadas, como por ejemplo la no supeditación del papel del Estado a los intereses particulares, que ha quebrado completamente con la connivencia entre los reguladores financieros y la banca privada. Y esto ha ocurrido en los Estados Unidos, en Europa y también en España. Otro ejemplo de esta quiebra de aspectos básicos es el relacionado con la absoluta impunidad con la que se han blindado los verdaderos responsables de la crisis, una vez más con la complicidad de gestores públicos venales. El Estado de Derecho está a punto de saltar por los aires, si no lo ha hecho ya, en aspectos clave del funcionamiento del sistema, pues no hay sanción para los culpables de haber arruinado muchas empresas y muchas vidas, de manera deliberada.

La Encuesta de Población Activa (EPA) recogió entre los últimos trimestres de 2007 y 2008 una tasa de paro del 8,6%. La economía funcionaba a pleno empleo del factor trabajo, y la tasa de paro estimada se asimilaría a la respectiva tasa natural de desempleo. Aquellos eran los tiempos en los que, trimestre tras trimestre, se seguía creando empleo, y en esas etapas del ciclo, las expansivas, suele haber una menor tasa de paro y una mayor tasa de empleo, en concreto del 54%.
La tasa de paro de España a finales del 2010 es del 20,3%, 11,7 puntos porcentuales más que en 2007. La tasa de empleo fue del 47,8%, 6,2 puntos porcentuales menos que en el cuarto trimestre de 2007.
En los siguientes años no puede decirse todavía que se ha llegado ya al fondo de semejante pozo, por lo que la situación del empleo y el paro ha seguido empeorando. De hecho se ha estado hablando siempre de brotes verdes y nos han venido otoñales, muy lejos de la primavera soñada más a corto plazo.
Si nos referimos al déficit público no ha hecho otra cosa que incrementarse tanto por lo que se refiere al Estado como al conjunto de las  Comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera al caer los ingresos por impuestos y mantenerse sustancialmente los gastos, o incrementarse como ha ocurrido con el gasto por prestaciones de desempleo dependientes de la Caja Única del Servicio de Empleo Estatal.

La inflación comienza a incrementarse por encima de lo que correspondería a una economía tan estancada como la actual, dibujando uno de los peores escenarios imaginables, el de la estanflación, es decir: estancamiento con inflación, que no hará otra cosa que dificultar más una pronta recuperación del empleo. Una subida de los precios como la actual, que no es consecuencia de una tensión provocada por la expansión de la demanda agregada, sino más bien como consecuencia de estrategias especulativas que estarían afectando al precio de los alimentos y de primeras materias básicas, es decir es más bien fruto de una contracción de la oferta agregada y no augura nada bueno para el empleo.
El mercado de trabajo está soportando la parte más dura del ajuste, aquella que se traduce en perdidas de empleo e incremento del paro, o sea, cierre de empresas y personas que se quedan sin trabajo, así como un descenso brutal de la probabilidad de volver a emplearse o encontrar el primer empleo. También forma parte de este proceso de ajuste un notable deterioro de las relaciones laborales, en forma de pérdidas efectivas de derechos laborales y mayor dificultad para el ejercicio de tales derechos. Todo ello se ha agudizado y ha sido consecuencia de la  Reforma Laboral

Afecta de forma distinta a hombres y mujeres, a jóvenes y adultos, a españoles y extranjeros… Por poner un ejemplo, que la tasa de paro de los hombres se sitúe por encima de la de las mujeres, sucedió por primera vez en 2010, desde que hay datos de la EPA, es decir, desde 1976. No obstante, a pesar de lo significativo que es este dato por ese detalle, la desproporción entre hombres y mujeres es manifiesta, en contra de las mujeres, si se tienen en cuenta las otras tasas que expresan la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Dicho de otra manera, para guardar la adecuada proporción entre todas las tasas, la de paro de las mujeres debería ser todavía más baja con relación a la de los hombres; ya que sus tasas de actividad y empleo son bastante inferiores.
En esta crisis siendo mujer, joven y extranjera no comunitaria, se ha tenido una alta probabilidad de quedarse en paro si se estaba trabajando, y tienen la misma alta probabilidad de no encontrar empleo en este momento, o de que el empleo que se encuentre sea de los empleos basura, por su salario y condiciones laborales generales.
También ha incidido en la agudización de la crisis la llamada burbuja inmobiliaria, que estalló como una mascletá valenciana en 2008, lo que supuso que muchas viviendas terminadas se quedaron sin comprador y siguen sin encontrar uno, entre otras razones porque la banca controla con mano de hierro la oferta de vivienda para impedir que los precios caigan todo lo que deberían hacerlo. También supuso un endeudamiento excesivo para muchas familias que se metieron en un mal negocio, que les está pasando facturas casi insoportables. Los desahuciados de sus viviendas son la punta del iceberg de ese drama, muchos de los cuales siguen teniendo, después del desahucio, cuantiosas deudas con los bancos que les concedieron la hipoteca. Cuando lo más normal, lo más justo, e incluso lo más eficiente en términos económicos sería que la entrega de la vivienda cancelara toda la deuda, lo que se llama dación en pago. Esta norma, complementada con alguna otra, sería más eficiente porque obligaría a la banca a ser más prudente a la hora de conceder créditos. La imprudencia en la concesión de créditos hipotecarios y los activos generados a partir de ellos, han sido una de las causas de la actual crisis.
Esta situación, que afecta más a los más pobres, como siempre, está lejos de normalizarse, pues los causantes de este desastre están resultando especialmente impunes, ya sea en el estricto ámbito del negocio inmobiliario, o en el de su colaborador necesario: la banca y las cajas de ahorro. No solamente está lejos de normalizarse, sino que muchos “ladrilleros”, financieros y políticos siguen tratando de reeditar otra burbuja inmobiliaria, ya que no tienen en el horizonte ninguna otra, que sea capaz de generarles los beneficios de todo tipo asociados a la de naturaleza inmobiliaria, ya que otras potenciales, como la de primeras materias o alimentos no tendría un impacto tan amplio y “popular”.
Los últimos datos comparables de la Unión Europea, indican que España dedica a gasto público social el menor de los porcentajes de la Europa de los 15, cuyo promedio.. España está en último lugar de esta lista, por debajo de Portugal y Grecia. La misma posición ocupa si se comparan los gastos públicos per capita.
Con la crisis, sin duda la posición de España ha empeorado, en el sentido de que se ha alejado más del promedio europeo en gasto social, debido a los recortes que ya se han producido en significativas partidas de ese gasto, como el relativo a pensiones, salarios de los empleados públicos vinculados a la prestación de los servicios públicos, reducción de empleo, disminución del gasto en gestión e infraestructuras para la prestación del servicio, …Y esto no acaba aquí, pues con la reducción de déficit público los recortes en el gasto público social se van a seguir produciendo, ya se están produciendo. No es prometedor precisamente el futuro del gasto social en España. También han sido  las Comunidades Autónomas las que ha propuesto el copago de algunos servicios públicos, como la sanidad o la educación, y aunque sus correligionarios le han dicho que eso no está en el programa político del Partido Popular, sólo hay que mirar el respeto que nuestros políticos tienen a lo que escriben en los programas electorales, para echarse a temblar.
La pereza moral e intelectual de quienes nos gobiernan es un inconveniente serio para que el gasto público social tenga entre nosotros el tratamiento adecuado. La obsesión con el déficit, aunque sólo por el lado de los gastos, no de los ingresos, casi siempre les lleva a encontrar las soluciones al mismo en las partidas del gasto social; sin embargo, se podrían aumentar los ingresos por la vía de recaudar más, subiendo el gravamen a los que disponen de grandes patrimonios o riqueza excesiva. Nunca se cuestionan la inutilidad de algunos gastos, también en parte públicos, como los de determinadas autopistas y aeropuertos o televisiones autonómicas, por citar algunos ejemplos.
Las proyecciones más optimistas de los organismos públicos o privados acerca del momento en que se comenzará a crecer lo suficiente como para crear empleo neto, indican que faltan todavía tres o cuatro años para que ocurra tal cosa. No obstante, hay un consenso bastante amplio acerca de que las economías más significativas de la Unión Europea, entre las que cabría incluir a la española, saldrán todas ellas de las cifras negativas de crecimiento, aunque no con la suficiente intensidad como para crear empleo neto. En cualquier caso, todavía quedan zonas muy oscuras en todas las economías importantes, también en la alemana, por ejemplo, y más concretamente en su sistema financiero, que podrían evolucionar en el sentido de devolvernos a los peores momentos del año 2008. Es conocido que alguno de los países centrales del euro ha llegado a proponer la cancelación de la nueva moneda y la vuelta a las originarias, en vez de dar los pasos políticos (mayor integración) y económicos (política fiscal común y presupuesto de la Unión Europea) necesarios para fortalecer la moneda y la unión política. Las políticas económicas de reducción de los déficits públicos a toda costa en momentos de recesión, que se propugnan, sobre todo por Alemania y Francia, como última tabla de salvación del euro, pueden retrasar tanto la recuperación y debilitar de forma tan notable a las economías reales de la Unión, que pueden convertirse en los auténticos sepultureros del euro.
Los partidos políticos con posibilidades de gobernar están prisioneros de la vieja ortodoxia en el ámbito de las políticas económicas. Da la impresión de que no han entendido la crisis, y si la han entendido no están dispuestos a tomar las medidas necesarias para salir de ella. Uno de los mantras más extendidos es que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” y, en consecuencia, ahora la mayoría debemos vivir por debajo de ellas. Es probable que algunos hayan vivido por encima de todas nuestras posibilidades, son los mismos que ahora nos quieren meter a todos en cintura, con el objetivo de poder seguir con su misma lógica.

La vieja ortodoxia económica venía postulando desde hace más de treinta años, que las economías más desarrolladas de la Tierra ya habían superado el ciclo económico, y por ello nunca más volverían las etapas de recesión o estancamiento. Mientras decían esto también tenían lugar ciclos económicos, alguno de los cuales (el de comienzo de la década de los noventa del Siglo XX) puso a la economía española una vez más a los pies de los caballos. Cuando te repites una mentira sin fundamento muchas veces acabas pensando que es verdad y por lo tanto no te la cuestionas. El proceso de instalación de una gran mentira lleva consigo, además, la neutralización de los que dicen lo contrario, con lo que cuando llega el problema que contradice a la mentira, los viejos mentirosos, por supuesto, siguen sin entender el problema, y son incapaces de resolverlo, y además sacan toda la artillería a su disposición (tienen mucha) y disparan en todas direcciones, para seguir haciendo el suficiente ruido que nos distraiga otra vez de la cabal comprensión de los verdaderos problemas. Y en estas estamos, con los partidos políticos más perdidos que elefante en ferretería, eso sí con un gran ente al que poder apelar para poder cometer todos los desmanes posibles en su nombre. Este ente es el mercado, donde están camuflando todas sus responsabilidades los que nos han conducido a esta situación, entre los que cabe incluir a gestores sin escrúpulos que han puesto Estados completos, o Comunidades Autónomas, al servicio de intereses muy particulares, tan particulares que no resulta nada difícil ponerles nombres y apellidos.
Una crisis que dará ,mucho que hablar a lo largo de la historia porque fue muy fuerte, impactó de inmediato y fue genaralizada en España y en nuestro entorno. ¿Nos servirá de ejemplo para evitar cualquier otra?

EL POR QUÉ DE LA INDEPENDENCIA




Me siento confuso. Viajo a menudo entre dos países y encuentro en el país en conflicto, que es en el que vivo, menos problemática y conflicto que el que se cree el país que me vio nacer. Me perturba esta situación porque sería de mi agrado que los que nacieron castellano manchegos como yo, desde la lejanía de Cataluña, supieran interpretar sin errores lo que realmente ronda en las mentes de los, nacidos o  residentes en Cataluña, los que en definitiva tienen su vida, su familia, hijos, nietos y allegados en esta tierra.


No comulgo con cuanto se vierte sobre el tema catalanista desde el Presidente del Gobierno hasta el último de los mortales de este país que es España. Todos vamos a remolque, hasta los medios informativos, políticos, medios sociales y ciudadanos, de cuanto dice o hace el President de la Generlitat de la Catalunya, provocando de esta forma una aureola de independentismo y una problemática inexistente, que el residente de Cataluña no alcanza a comprender y que en la mayoría de los casos ni se la plantea.

La mayoría de los de fuera de Cataluña pensarán que esos catalanes, - a quienes Franco aplacó sus iras con mimos a lo largo de su historia, mediante apertura de empresas emblemáticas o infraestructuras de envergadura, como si de premios se tratara  para aplacar cualquier atisbo separatista y a quienes se les reconoció como Comunidad histórica en la nueva Constitución para unirla en sentimiento a España -, son unos insaciables que no pararán en perseguir un Estado propio.


 A todos esos, los que no conocen in situ lo que está pasando en Cataluña porque viven en la lejanía, en su ciudad o pueblo, donde todo pasa pero nada es fundamental, les pediría que no se esfuercen en manifestar connotaciones del problema catalán que no existen, porque refuerzan ese ánimo que unos pocos pudieran tener por el afán de independencia.


A los que, por distintas razones y motivos nos ha tocado vivir en Cataluña, no puedo ponerles en cuestión si están al lado o no de la independencia, porque a buen seguro no tienen ni la opción de planteárselo, si partimos de la premisa de que en su pueblo o ciudad natal solamente mamaron unidad y no separación.

Pero, centrándonos en la separación o el independentismo que se está planteando ahora en Cataluña, me choca que este planteamiento se haya provocado ahora y me choca por el hecho de que, desde la Constitución de 1978, existe ya ese independentismo o separación, a raíz de la creación de las Comunidades Autónomas, diecisiete en total, que vertebraron España de facto, cada unas con sus competencias respectivas, dispares en muchos casos a medida que han ido absorbiendo más y más competencias y con una simple nota de unidad de la España en que vivíamos, como es el hecho de que el Gobierno Central se atribuyera unas competencias exclusivas o intransferibles.

¿No cree Vd. que si las pensiones no fueran competencia del Estado, se estarían preguntado una gran mayoría de pensionistas dónde fijar su residencia, porque cada comunidad tendría un sistema propio de pensiones y éstas diferirían en cada Comunidad Autónoma? Ya está pasando con la sanidad esta disparidad por no decir disparate y con el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que permite en unas comunidades unas deducciones distintas de otras o subidas de impuestos más gravosos. Hasta el I.B.I. es desigual en cada municipio, aunque este sea otro tema. Esto parece más que un país de autonomías un Estado de Estados Federales.

El problema catalán que últimamente se suscita en todos los medios no es de recibo. Es un problema, pasando `por alto la historia, creado por los padres de la Constitución de 1978 que permitieron, aunque sus razones de peso tuvieron en su momento, la vertebración de España en diecisiete pequeños Estados bajo el camuflaje de comunidades autónomas y que a los Presidentes de Gobierno posteriores les ha obligado avanzar en la línea de dar más y más competencias a cada uno de ellos para acallar sus ansias de poder.

Ahora se planea la cuestión de si una Cataluña independiente la constituiría en un Estado viable económicamente, hasta el punto de prestar a sus ciudadanos cuantos servicios un Estado debe prestar. Según Artur Mas y sus compañeros de viaje, los llamados Junst pel Sí, (Juntos por el Si), Cataluña independiente sería un Estado "con superávit, más justo y progresivo" que la Cataluña actual que, en palabras de Mas, está lastrada por su macro dependencia del Estado español. Según los contrarios a Mas, el coste económico sería tal que, aun siendo un Estado viable económicamente, los beneficios serían insuficientes para dos o tres generaciones.

¿Pero qué cifras manejan unos y otros? Los primeros consideran que el déficit actual de Cataluña, de 5.000 millones desaparecería y se obtendría un saldo positivo de 11.590 millones, incluso después de haber costeado la transición a la independencia o creado las estructuras de Estado como dice Artur Mas. German Bel, economista y número uno de Junts pel Si en Tarragona, dice que un 40% de los impuestos que pagan los catalanes marchan y no vuelven, unos 2.200 euros por ciudadano de Cataluña al año, casi 16.000 millones de euros en total, un total de 7,7% de nuestro PIB. Esa cifra elevaría el PIB por habitante de una Cataluña independiente por encima de la media de la UE, lo que permitiría llegar a la independencia con dinero extra en el bolsillo. En el lado de los impuestos y tasas fiscales, Cataluña solo tiene que reivindicar una redistribución más equilibrada de su rendimiento entre la Administración Central y el conjunto de las comunidades autónomas, y si ello procede, la corrección de privilegios que supondrían una competencia desleal desde otras comunidades. Es en el lado del gasto público donde se produce la gran injusticia con Cataluña, cuyos ciudadanos, que son los que pagan impuestos y tasas, tienen derecho a servicios públicos de educación, sanidad y asistencia social y a infraestructuras de nivel igual al de los ciudadanos de otras comunidades. La actual discriminación que se traduce, a título de ejemplo, en mayores pagos a colegios concertados, seguros sanitarios o peajes de autopista, perjudica sobre todo a los ciudadanos de rentas más bajas que también existen en Cataluña.

¿Qué pasaría con las pensiones? Los independentistas aseguran que la Seguridad Social catalana partiría con un saldo positivo de 24.126 millones, mientras que los contrarios no se cansan en repetir que no podría pagar las pensiones.

No nos olvidemos del déficit de la Comunidad catalana. El President Mas está convencido de que el nuevo Estado asumiría la parte proporcional de la deuda pública española que supera el billón de euros. Según un estudio de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se estima que el nuevo Estado debería quedarse con 85.000 millones de euros de la deuda del Estado. Sin embargo, si se calculara la parte del PIB que representa Cataluña en el conjunto de España (el 18,7%), el nuevo Estado catalán tendría que asumir unos 200.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que el PIB catalán ascendió en 2014 a 199.786 millones de euros, Cataluña nacería como Estado con una deuda pública del 100%. 

Respecto a las empresas y el comercio, en el tema de exportaciones e importaciones las cifras también bailan. La gran patronal catalana, absolutamente contraria a la independencia, augura una caída de las exportaciones y de las importaciones y cree que los productos catalanes se encarecerían y perderían competitividad. Es más, algunas de las voces en contra de la separación de Cataluña, aseguran que sólo las ventas al mercado español de los productos catalanes se reducirían un 30%, lo que acarrearía más pobreza y más paro. Los independentistas ponen en duda este dato y dicen que no entienden por qué tendrían que reducirse las exportaciones ni resentirse las relaciones comerciales con el resto de España y del mundo.

Mas aseguraba hace escasos días que en un Estado independiente habría más empleo y ponía como ejemplo los 70.000 puestos de trabajo que se crearían para poner en marcha las estructuras del nuevo Estado. Eso significaría reducir el paro al menos un 10% de un solo plumazo: actualmente en Cataluña hay 726.000 parados, y la tasa se sitúa en el 19,1% frente al 22,37% de España. Pero más allá de esa reducción, los soberanistas no han sido capaces de explicar por qué y cómo habría más empleo en un Estado catalán independiente.

En este orden de cosas, en este vaivén de cifras y manifestaciones apelo con mi humilde pluma a la cordura, a que en el plano político y económico no se engañe a nadie desde ningún bando, que  haya sensatez en cuantas decisiones se hayan de tomar y se aplique la Constitución para erradicar el problema, o se modifique en lo necesario, para evitar rupturas que, como en las guerras, sufre el que está en la trinchera, el ciudadano a quien que le tocó ser catalán.

Isidro Jiménez