ESPAÑA
NO OPRIME, DEFIENDE SU UNIDAD
Los independentistas sostienen que hay que superar
la Constitución de 1978 porque
es “hostil a los catalanes”. Y pretenden derogarla basándose en los 1,9
millones de votos a partidos independentistas (Junts pel Sí y la CUP) en las
elecciones autonómicas planteadas como plebiscitarias) de 2015: un 47,7% de los
votantes. Pero la Constitución fue apoyada por 2,7 millones de catalanes, el
91,09% de los votantes en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 (¡cerca
del doble de los secesionistas de 2015!), dos puntos por encima de la media; la
rechazaron un 4,26%, frente al 7,89% de la media, con una participación del
67,91%. Fue Cataluña, junto a Andalucía, la comunidad que más respaldo dio a la
Constitución.
Trasladados de 1978 a 2018, resulta
que España ya no es un país constitucionalista sino fascista, antidemocrático
que oprime y roba a los catalanes. Son lemas hirientes que, por activa y por
pasiva, se han repetido hasta la saciedad por quienes defienden y siguen en la
idea de desgajar a trizas la nación española y desmembrar al Estado y sus
instituciones. En una palabra, cargarse lo que votaron.
Si lo que pregonan a los cuatro
vientos fuera cierto, no deja de ser irónico que cuando se intentó impedir el
referéndum ilegal del 1 de octubre el Gobierno español tuviera que alojar a la
policía nacional en un barco y en varios hoteles de la costa, de donde salieron
poco menos que apaleados por los insurrectos. Curioso país opresor, que no
dispone siquiera de barracones en la región dominada para alojar a sus
"fuerzas represivas"; debe de ser el único en la historia mundial. También
es curioso que al aplicarse el artículo 155 de la Constitución española,
suspendiendo así la autonomía de la región hasta que se constituya un nuevo
gobierno, lo primero que hace es convocar elecciones y mantener incólume el
sistema de agitación y propaganda de los medios de comunicación
dependientes del gobierno catalán. España no oprime, defiende su unidad.
Observado ese respaldo a la
Constitución a que aludíamos al principio y ese devenir de ahora con consignas
y eslóganes de descrédito y ofensa a España y a sus instituciones, es difícil
de digerir y conjugar y hasta entender, si no fuera porque los dirigentes de la
patraña independentista han aprovechado el fácil arrastre de los descontentos
con la gestión de la crisis, los recortes, la corrupción y la política en
general para la consecución de sus malévolos fines de la ruptura de España y su
descrédito, valiéndose de todo el andamiaje e infraestructuras catalanistas
creadas y las huestes aleccionadas a lo largo del imperio Pujol y sus
seguidores Mas y Puigdemón.
Tras la aplicación del art. 155, conocemos
sobradamente los resultados de las elecciones celebradas el 21-D. Por las
características de nuestro sistema electoral, los partidos independentistas
consiguieron la mayoría de escaños en el Parlament, pero no llegaron ni al 47
por ciento de los votos, a pesar de que se celebraran ya con algunos de sus
líderes en la cárcel; es decir, bajo unas condiciones perfectas de agravio que
hubiera servido de revulsivo para acrecentar su victimismo y atracción de más
votantes afines a sus ideas. Según la última encuesta del Centro de Estudios de
Opinión catalán, estaría ahora en torno al 40 por ciento. Como puede
observarse, en línea con otros movimientos populistas, el independentismo
catalán sufre del vicio de la sinécdoque, el tomar la parte por el todo. Ese
"un sol poble" (un solo pueblo) de su discurso que aspira a la
independencia resulta que no llega al cincuenta por ciento de la población y no
parece cosecha suficiente como para dar el salto hacia la declaración
unilateral de independencia. La declaración unilateral de independencia que
hizo el gobierno de Puigdemont es contraria al derecho nacional e internacional
y en caso de que se hubiera conseguido una mayoría, el gobierno catalán estaría
obligado a establecer negociaciones políticas para concretar los términos de la
separación. Esto lo defiende cualquiera de las teorías sobre la secesión y fue
el núcleo de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo canadiense, en el
caso Quebec, que suele interpretar la mayoría entorno al 65 % de los habitantes
de un estado federal.
No se trata de datos aislados. Los
catalanes que no quieren la independencia viven peor en términos económicos.
Hay más partidarios del «no» entre los parados, los jubilados y las personas
que se declaran de renta «baja» o «media-baja». El independentismo gana, en
cambio, entre los trabajadores del sector público. También tiene más éxito
entre las personas con estudios universitarios o posgrado, que es un indicador
de clase y predice rentas altas.
Los líderes independentistas,
desde Artus Mas, a quien debemos el haber llegado a esta incómoda y peligrosa
situación, hasta su elegido a dedo, Puigdemont, que se ha visto obligado por el
entorno independentista a declarar la DUI, unido a su ego personal de pasar a
la historia como el artífice de la cuestión catalana, solo han pretendido
conseguir sus fines a costa de perjudicar al pueblo catalán, desprestigiar a
España vendiéndola con sus consignas como una tiranía, romper el sosiego en las
calles, en las familias, en las amistades, en los trabajos, perforando la paz
social, destruir la economía a sabiendas de que NO "cuanto peor,
mejor", desacreditando al Estado, sus instituciones y sus jueces, tratando
de vender a Europa y al mundo la mayor patraña de la historia de España,
forzando las normas legales y de convivencia… Y todo para conseguir la amnistía
de todas las ilegalidades que se han cometido en Cataluña, desde el hartazgo de
millones de la familia Pujol, pasando por el 3% de los contratos, el tema
Palau, el adoctrinamiento en las escuelas y talleres, el fraude generalizado en
todo el entramado político, el gasto de instituciones necesarias, la creación
de embajadas… y principalmente para tapar la falta de gobierno en Cataluña, que
ha sido incapaz de dejar a un lado su insaciable codicia de sus dirigentes y
dar respuesta a las crecientes necesidades de sus ciudadanos.
Ha sido tal el monto de gente
aleccionada y de infraestructuras creadas y de la maquinaria propagandística
utilizada y del tiempo empleado en ello, que se han olvidado del pueblo. Tan
solo les importaba echar un pulso al Estado español, ningunearlo ante Europa y
demostrar su despotismo, pero utilizando unas armas al más puro estilo déspota que
menoscaban, no ya un Estado de derecho y democrático, sino las normas
convivencia de cualquier sociedad civilizada. Lo más contradictorio es que crean
sus propias normas con la horma que les interesa e incumplen las leyes y
desoyen las sentencias de jueces y Tribunales, pero se acogen a ellas cuando
les conviene y así no se puede avanzar porque se convierte en juego de niños,
por decirlo de forma suave. Han roto las reglas de juego, han abierto todos los
diques de la insubordinación, han pisado tierra de nadie.
Pero todo lo que pretendían era
una farsa, porque sabían que era imposible y, aun así, erre que te erre que
vamos para adelante y demostraremos al mundo que nosotros somos los mejores y,
además, pasaremos a la historia, a esa historia distorsionada que se vende
desde ya muy temprano en los colegios y se trata de inculcar a los mayores
ignorantes. Al final habremos sido héroes de nuestra historia y quedaremos
todos libres de las ilegalidades cometidas y nuestras leyes, aunque
inconstitucionales, doblegarán a nuestro pueblo en su ignorancia y nosotros,
insurrectos y dictadores camuflados, viviremos en la abundancia, sin
importarnos si los pensionistas cobrarán su pensión, si habrá trabajo o
empresas, si podremos vender nuestros productos, si estaremos fuera del euro, si
ahuyentamos a los inversores, si hay listas de espera en sanidad y en
dependencia, si se nos van todos los jueces y nosotros elegiremos otros a dedo,
si empobreceremos al pueblo, si…(un sinfín inacabable).
El Estado español ha de decir alto
y fuerte y airearlo para que todos nos enteremos que la detención de Puigdemont
no es represión, es aplicación de una euroorden. No es un acto de represión de España contra el
expresidente catalán. Ha sido arrestado en Alemania en aplicación de la
euroorden de detención contra él cursada por la justicia española acusado de
rebelión, sedición y malversación de fondos por la convocatoria del referéndum
ilegal independentista de Cataluña del 1 de octubre y la posterior Declaración
Unilateral de Independencia el 27 de ese mismo mes.
España entera ha de vociferar que no son presos
políticos, que son políticos presos. Puigdemont se suma a la lista de presos
políticos, según parte del soberanismo, de la que considera que también forman
parte los cinco líderes catalanes enviados a prisión -Carmen Forcadell,
expresidenta del Parlament y los exconsejeros Jordi Turrul, Raül Romeva, JOse
Rull y Dolors Bassa- Así como Oriol Junqueras, exvicepresidente, Joaquin Forn,
exconsejero del interior y los presidentes de ANC y Ómnium (Jordi Sánchez y
Jordi Cuixart). Pero todos ellos no han sido arrestados por sus ideas de
independentismo, sino por la comisión de delitos de extrema gravedad, como la
rebelión, sedición, y malversación de fondos públicos.
Tras la detención en Alemania de Puigdemont —y
aprovechando la estación del año—, ha comenzado a popularizarse en Twitter el
hashtag Primavera Catalana en clara alusión a la Primavera árabe, los
movimientos populares que se alzaron contra los regímenes dictatoriales gobernantes
en buena parte del mundo árabe para reclamar democracia y derechos sociales
entre 2010 y 2013. Las movilizaciones en varias ciudades catalanas pretenden
protestar contra la detención de Puigdemont, que obedece a la aplicación de una
euroorden por los motivos ya dichos. Ahora se trata también de amedrentar a los
jueces alemanes para que no llegue a cursarse la extradición.
Marta Rovira, la líder de ERC, ha sido la última en
sumarse a la lista de dirigentes independentistas catalanes huidos, que encabezaba
Carles Puigdemont y de la que siguen formando parte los exconsejeros Meritxel
Serret, Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí y la exportavoz de la CUP Anna
Gabriel. Todos ellos se presentan como exiliados, personas que se han visto
obligadas a huir de su país para evitar represiones por sus ideas políticas.
Pero la justicia española no los ha procesado por defender políticamente la
independencia de Cataluña, sino por impulsar mediante vías ilegales la secesión
de esta comunidad autónoma.
No fue un proceso democrático, fue un referéndum
ilegal. El alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y
presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch, ha instado a
la Unión Europea a decantarse "por procesos modélicos, nacidos de la
ciudadanía, democráticos, respetuosos y pacíficos como el catalán" u optar
"por otras vías". Carles Puigdemont no ha sido arrestado por dirigir
un movimiento cívico, sino por ser uno de los líderes de la convocatoria y
celebración del referéndum ilegal del 1-O y por declarar unilateralmente la
independencia.
La UE no es responsable, la responsable es España. Desde los meses anteriores a la celebración del
referéndum del 1-O, el independentismo ha tratado de convertir la secesión de
Cataluña en un asunto europeo. El diputado de Junts per Catalunya, Quim Torra, afirmaba
en Twitter, sobre el arresto de Puigdemont: “Es la Unión Europea quien tiene la
responsabilidad”. Todas las instituciones europeas han asegurado en varias
ocasiones que el pulso independentista catalán es un asunto interno de España.
No debe quedar en el olvido para comprender las
artimañas del independentismo que la Ley de secesión catalana impone el control
de los jueces por la Generalitat, hace el catalán única lengua oficial,
traspasa a Cataluña funcionarios y bienes de España y establece una república.
Vista en detalle esta Ley se observa que la
Generalitat tenía ya preparado el mecanismo para activar la secesión inmediata
de Cataluña del resto de España si el Gobierno central impedía que se celebrase
la consulta para la independencia. La ley persigue amnistiar a todos los
imputados y condenados por causas judiciales vinculadas al proceso soberanista,
entre ellos, al expresidente Artur Mas. También contempla que la futura
justicia catalana arrebate al Constitucional, al Supremo y a la Audiencia
Nacional los casos que tramita en la actualidad.
La norma establece que el resultado del referéndum
será vinculante sin un mínimo de participación. La ley establece que la
Generalitat pasaría a ser la propietaria de "la titularidad de cualquier
clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña". La
Generalitat publicó un inventario previo en el que aparecieron 1.080 edificios
y terrenos con un valor conjunto de 685 millones de euros que serían susceptibles
de cambiar de manos.
Los redactores de la ley han ignorado las
advertencias del Gobierno español o las instituciones comunitarias y asumen que
Cataluña seguirá formando parte de la UE. Lo hacen al establecer que todas las
leyes del acervo comunitario integradas en el ordenamiento español formarán
parte del marco legal del nuevo Estado.
Entre los principales objetivos de la Ley de
Transitoriedad está el de garantizar que los servicios públicos sigan
funcionando normalmente. Para ello es básico que los funcionarios y personal
laboral de todas las administraciones que ahora trabajan en Cataluña lo sigan
haciendo.
La ley elimina la división de poderes. diseñando un
complejo sistema de elección de jueces que, en la práctica, permitiría al
Govern tener bajo su control el poder judicial. El presidente de la Generalitat
se reserva el nombramiento del fiscal general de Cataluña y podrá designar al
presidente del Supremo catalán. Según la ley, “los jueces, magistrados,
fiscales y letrados de la Administración de Justicia de los cuerpos
correspondientes al Estado español podrán concursar en las plazas que se
convoquen”. La Generalitat es consciente de que se trata de un cuerpo de
funcionarios dependiente de la Administración General del Estado. Obtendrían de
forma automática el pasaporte catalán aquellas personas con ciudadanía española
que acumulen al menos un año de empadronamiento en un municipio catalán o
aquellos que, ostentando la misma nacionalidad, puedan acreditar dos años
continuados de domicilio en Cataluña. Considera el catalán como única
"lengua propia de Cataluña", mientras que "se garantiza” que el
castellano pueda mantener también los actuales usos "vigentes". Los
funcionarios estatales que decidan ingresar en la Administración de la
Generalitat tendrán la obligación de aprender el catalán.
