ESPAÑA NO OPRIME, DEFIENDE SU UNIDAD

ESPAÑA NO OPRIME, DEFIENDE SU UNIDAD

Los independentistas sostienen que hay que superar la Constitución de 1978 porque es “hostil a los catalanes”. Y pretenden derogarla basándose en los 1,9 millones de votos a partidos independentistas (Junts pel Sí y la CUP) en las elecciones autonómicas planteadas como plebiscitarias) de 2015: un 47,7% de los votantes. Pero la Constitución fue apoyada por 2,7 millones de catalanes, el 91,09% de los votantes en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 (¡cerca del doble de los secesionistas de 2015!), dos puntos por encima de la media; la rechazaron un 4,26%, frente al 7,89% de la media, con una participación del 67,91%. Fue Cataluña, junto a Andalucía, la comunidad que más respaldo dio a la Constitución.

Trasladados de 1978 a 2018, resulta que España ya no es un país constitucionalista sino fascista, antidemocrático que oprime y roba a los catalanes. Son lemas hirientes que, por activa y por pasiva, se han repetido hasta la saciedad por quienes defienden y siguen en la idea de desgajar a trizas la nación española y desmembrar al Estado y sus instituciones. En una palabra, cargarse lo que votaron.

Si lo que pregonan a los cuatro vientos fuera cierto, no deja de ser irónico que cuando se intentó impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre el Gobierno español tuviera que alojar a la policía nacional en un barco y en varios hoteles de la costa, de donde salieron poco menos que apaleados por los insurrectos. Curioso país opresor, que no dispone siquiera de barracones en la región dominada para alojar a sus "fuerzas represivas"; debe de ser el único en la historia mundial. También es curioso que al aplicarse el artículo 155 de la Constitución española, suspendiendo así la autonomía de la región hasta que se constituya un nuevo gobierno, lo primero que hace es convocar elecciones y mantener incólume el sistema de agitación y propaganda de los medios de comunicación dependientes del gobierno catalán. España no oprime, defiende su unidad.

Observado ese respaldo a la Constitución a que aludíamos al principio y ese devenir de ahora con consignas y eslóganes de descrédito y ofensa a España y a sus instituciones, es difícil de digerir y conjugar y hasta entender, si no fuera porque los dirigentes de la patraña independentista han aprovechado el fácil arrastre de los descontentos con la gestión de la crisis, los recortes, la corrupción y la política en general para la consecución de sus malévolos fines de la ruptura de España y su descrédito, valiéndose de todo el andamiaje e infraestructuras catalanistas creadas y las huestes aleccionadas a lo largo del imperio Pujol y sus seguidores Mas y Puigdemón.

Tras la aplicación del art. 155, conocemos sobradamente los resultados de las elecciones celebradas el 21-D. Por las características de nuestro sistema electoral, los partidos independentistas consiguieron la mayoría de escaños en el Parlament, pero no llegaron ni al 47 por ciento de los votos, a pesar de que se celebraran ya con algunos de sus líderes en la cárcel; es decir, bajo unas condiciones perfectas de agravio que hubiera servido de revulsivo para acrecentar su victimismo y atracción de más votantes afines a sus ideas. Según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión catalán, estaría ahora en torno al 40 por ciento. Como puede observarse, en línea con otros movimientos populistas, el independentismo catalán sufre del vicio de la sinécdoque, el tomar la parte por el todo. Ese "un sol poble" (un solo pueblo) de su discurso que aspira a la independencia resulta que no llega al cincuenta por ciento de la población y no parece cosecha suficiente como para dar el salto hacia la declaración unilateral de independencia. La declaración unilateral de independencia que hizo el gobierno de Puigdemont es contraria al derecho nacional e internacional y en caso de que se hubiera conseguido una mayoría, el gobierno catalán estaría obligado a establecer negociaciones políticas para concretar los términos de la separación. Esto lo defiende cualquiera de las teorías sobre la secesión y fue el núcleo de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo canadiense, en el caso Quebec, que suele interpretar la mayoría entorno al 65 % de los habitantes de un estado federal.

No se trata de datos aislados. Los catalanes que no quieren la independencia viven peor en términos económicos. Hay más partidarios del «no» entre los parados, los jubilados y las personas que se declaran de renta «baja» o «media-baja». El independentismo gana, en cambio, entre los trabajadores del sector público. También tiene más éxito entre las personas con estudios universitarios o posgrado, que es un indicador de clase y predice rentas altas.

Los líderes independentistas, desde Artus Mas, a quien debemos el haber llegado a esta incómoda y peligrosa situación, hasta su elegido a dedo, Puigdemont, que se ha visto obligado por el entorno independentista a declarar la DUI, unido a su ego personal de pasar a la historia como el artífice de la cuestión catalana, solo han pretendido conseguir sus fines a costa de perjudicar al pueblo catalán, desprestigiar a España vendiéndola con sus consignas como una tiranía, romper el sosiego en las calles, en las familias, en las amistades, en los trabajos, perforando la paz social, destruir la economía a sabiendas de que NO "cuanto peor, mejor", desacreditando al Estado, sus instituciones y sus jueces, tratando de vender a Europa y al mundo la mayor patraña de la historia de España, forzando las normas legales y de convivencia… Y todo para conseguir la amnistía de todas las ilegalidades que se han cometido en Cataluña, desde el hartazgo de millones de la familia Pujol, pasando por el 3% de los contratos, el tema Palau, el adoctrinamiento en las escuelas y talleres, el fraude generalizado en todo el entramado político, el gasto de instituciones necesarias, la creación de embajadas… y principalmente para tapar la falta de gobierno en Cataluña, que ha sido incapaz de dejar a un lado su insaciable codicia de sus dirigentes y dar respuesta a las crecientes necesidades de sus ciudadanos.

Ha sido tal el monto de gente aleccionada y de infraestructuras creadas y de la maquinaria propagandística utilizada y del tiempo empleado en ello, que se han olvidado del pueblo. Tan solo les importaba echar un pulso al Estado español, ningunearlo ante Europa y demostrar su despotismo, pero utilizando unas armas al más puro estilo déspota que menoscaban, no ya un Estado de derecho y democrático, sino las normas convivencia de cualquier sociedad civilizada. Lo más contradictorio es que crean sus propias normas con la horma que les interesa e incumplen las leyes y desoyen las sentencias de jueces y Tribunales, pero se acogen a ellas cuando les conviene y así no se puede avanzar porque se convierte en juego de niños, por decirlo de forma suave. Han roto las reglas de juego, han abierto todos los diques de la insubordinación, han pisado tierra de nadie.

Pero todo lo que pretendían era una farsa, porque sabían que era imposible y, aun así, erre que te erre que vamos para adelante y demostraremos al mundo que nosotros somos los mejores y, además, pasaremos a la historia, a esa historia distorsionada que se vende desde ya muy temprano en los colegios y se trata de inculcar a los mayores ignorantes. Al final habremos sido héroes de nuestra historia y quedaremos todos libres de las ilegalidades cometidas y nuestras leyes, aunque inconstitucionales, doblegarán a nuestro pueblo en su ignorancia y nosotros, insurrectos y dictadores camuflados, viviremos en la abundancia, sin importarnos si los pensionistas cobrarán su pensión, si habrá trabajo o empresas, si podremos vender nuestros productos, si estaremos fuera del euro, si ahuyentamos a los inversores, si hay listas de espera en sanidad y en dependencia, si se nos van todos los jueces y nosotros elegiremos otros a dedo, si empobreceremos al pueblo, si…(un sinfín inacabable).

El Estado español ha de decir alto y fuerte y airearlo para que todos nos enteremos que la detención de Puigdemont no es represión, es aplicación de una euroorden. No es un acto de represión de España contra el expresidente catalán. Ha sido arrestado en Alemania en aplicación de la euroorden de detención contra él cursada por la justicia española acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos por la convocatoria del referéndum ilegal independentista de Cataluña del 1 de octubre y la posterior Declaración Unilateral de Independencia el 27 de ese mismo mes.

España entera ha de vociferar que no son presos políticos, que son políticos presos. Puigdemont se suma a la lista de presos políticos, según parte del soberanismo, de la que considera que también forman parte los cinco líderes catalanes enviados a prisión -Carmen Forcadell, expresidenta del Parlament y los exconsejeros Jordi Turrul, Raül Romeva, JOse Rull y Dolors Bassa- Así como Oriol Junqueras, exvicepresidente, Joaquin Forn, exconsejero del interior y los presidentes de ANC y Ómnium (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart). Pero todos ellos no han sido arrestados por sus ideas de independentismo, sino por la comisión de delitos de extrema gravedad, como la rebelión, sedición, y malversación de fondos públicos.

Tras la detención en Alemania de Puigdemont —y aprovechando la estación del año—, ha comenzado a popularizarse en Twitter el hashtag Primavera Catalana en clara alusión a la Primavera árabe, los movimientos populares que se alzaron contra los regímenes dictatoriales gobernantes en buena parte del mundo árabe para reclamar democracia y derechos sociales entre 2010 y 2013. Las movilizaciones en varias ciudades catalanas pretenden protestar contra la detención de Puigdemont, que obedece a la aplicación de una euroorden por los motivos ya dichos. Ahora se trata también de amedrentar a los jueces alemanes para que no llegue a cursarse la extradición.

Marta Rovira, la líder de ERC, ha sido la última en sumarse a la lista de dirigentes independentistas catalanes huidos, que encabezaba Carles Puigdemont y de la que siguen formando parte los exconsejeros Meritxel Serret, Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel. Todos ellos se presentan como exiliados, personas que se han visto obligadas a huir de su país para evitar represiones por sus ideas políticas. Pero la justicia española no los ha procesado por defender políticamente la independencia de Cataluña, sino por impulsar mediante vías ilegales la secesión de esta comunidad autónoma.

No fue un proceso democrático, fue un referéndum ilegal. El alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch, ha instado a la Unión Europea a decantarse "por procesos modélicos, nacidos de la ciudadanía, democráticos, respetuosos y pacíficos como el catalán" u optar "por otras vías". Carles Puigdemont no ha sido arrestado por dirigir un movimiento cívico, sino por ser uno de los líderes de la convocatoria y celebración del referéndum ilegal del 1-O y por declarar unilateralmente la independencia.

La UE no es responsable, la responsable es España. Desde los meses anteriores a la celebración del referéndum del 1-O, el independentismo ha tratado de convertir la secesión de Cataluña en un asunto europeo. El diputado de Junts per Catalunya, Quim Torra, afirmaba en Twitter, sobre el arresto de Puigdemont: “Es la Unión Europea quien tiene la responsabilidad”. Todas las instituciones europeas han asegurado en varias ocasiones que el pulso independentista catalán es un asunto interno de España.

No debe quedar en el olvido para comprender las artimañas del independentismo que la Ley de secesión catalana impone el control de los jueces por la Generalitat, hace el catalán única lengua oficial, traspasa a Cataluña funcionarios y bienes de España y establece una república.

Vista en detalle esta Ley se observa que la Generalitat tenía ya preparado el mecanismo para activar la secesión inmediata de Cataluña del resto de España si el Gobierno central impedía que se celebrase la consulta para la independencia. La ley persigue amnistiar a todos los imputados y condenados por causas judiciales vinculadas al proceso soberanista, entre ellos, al expresidente Artur Mas. También contempla que la futura justicia catalana arrebate al Constitucional, al Supremo y a la Audiencia Nacional los casos que tramita en la actualidad.

La norma establece que el resultado del referéndum será vinculante sin un mínimo de participación. La ley establece que la Generalitat pasaría a ser la propietaria de "la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña". La Generalitat publicó un inventario previo en el que aparecieron 1.080 edificios y terrenos con un valor conjunto de 685 millones de euros que serían susceptibles de cambiar de manos.

Los redactores de la ley han ignorado las advertencias del Gobierno español o las instituciones comunitarias y asumen que Cataluña seguirá formando parte de la UE. Lo hacen al establecer que todas las leyes del acervo comunitario integradas en el ordenamiento español formarán parte del marco legal del nuevo Estado.

Entre los principales objetivos de la Ley de Transitoriedad está el de garantizar que los servicios públicos sigan funcionando normalmente. Para ello es básico que los funcionarios y personal laboral de todas las administraciones que ahora trabajan en Cataluña lo sigan haciendo.

La ley elimina la división de poderes. diseñando un complejo sistema de elección de jueces que, en la práctica, permitiría al Govern tener bajo su control el poder judicial. El presidente de la Generalitat se reserva el nombramiento del fiscal general de Cataluña y podrá designar al presidente del Supremo catalán. Según la ley, “los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia de los cuerpos correspondientes al Estado español podrán concursar en las plazas que se convoquen”. La Generalitat es consciente de que se trata de un cuerpo de funcionarios dependiente de la Administración General del Estado. Obtendrían de forma automática el pasaporte catalán aquellas personas con ciudadanía española que acumulen al menos un año de empadronamiento en un municipio catalán o aquellos que, ostentando la misma nacionalidad, puedan acreditar dos años continuados de domicilio en Cataluña. Considera el catalán como única "lengua propia de Cataluña", mientras que "se garantiza” que el castellano pueda mantener también los actuales usos "vigentes". Los funcionarios estatales que decidan ingresar en la Administración de la Generalitat tendrán la obligación de aprender el catalán.