Mientras la tasa de paro llega al 25% y la pobreza se extiende entre la población haciendo crecer los índices de desigualdad, el Gobierno crea leyes como las de educación, aborto y seguridad, que responden al disparatado principio de crearles problemas a los ciudadanos.
La teoría política y el sentido común nos dicen que los ciudadanos en los regímenes democráticos eligen a sus dirigentes para que resuelvan los problemas que padece la sociedad. En España hoy esta norma lógica e indiscutible presenta otras modalidades. Si examinamos con objetividad la situación española y nos preguntamos cuáles son los problemas que afectan gravemente a una gran parte de las personas en nuestro país debemos reconocer que son dos: el desempleo del 25% de la población en edad de trabajar y la creciente pobreza de millones de españoles que está, además, generando unos índices de desigualdad enormes.
¿Son estos problemas los que concentran la atención y el esfuerzo de los dirigentes políticos, del Gobierno, de los medios periodísticos, de la universidad, de los intelectuales? No, lo que acapara el debate público son otros tres temas: el aborto, la imputación de una infanta y el desafío a la legalidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Claro que son importantes estos problemas, pues el primero implica la restricción de la posibilidad de la interrupción del embarazo, el segundo sitúa en una muy incómoda posición a la institución de la monarquía y el último hace peligrar la arquitectura territorial que ha permitido el más largo periodo de convivencia en paz y democracia de nuestra historia. Pero con todo y su importancia, estos son otros respecto a los problemas acuciantes de los españoles. De aquí que tal vez se esté intentando distraera la sociedad española de la situación de gran peligro de deslizamiento hacia un país pobre, sin futuro, con una alta tasa de emigración hacia otros países.
En la actividad política puedes encontrarte con problemas que obedecen a factores que los Gobiernos no controlan totalmente (una crisis económica internacional, una organización terrorista que pretende la destrucción de la convivencia en paz, etcétera), pero luego están los problemas que crean los propios dirigentes, a quienes sin embargo los ciudadanos han encargado hacer todo lo contrario, resolver los problemas.
El Gobierno del señor Mariano Rajoy ha anunciado, y en un caso producido, un trío de leyes que responden exactamente a este disparatado principio de crearles problemas a los ciudadanos: las leyes de educación, aborto y política del Ministerio del Interior.
Aceptemos por un momento la tesis del Gobierno que explica sus continuos recortes en las prestaciones sociales que producen un daño grave a muchos españoles. Los ministros los justifican por la precaria situación económica del país, que hace imposible es su argumento continuar gastando como hasta ahora. Ya sé que existe otra explicación, pero como ejercicio intelectual démosles la razón momentáneamente. Pero, ¿qué relación tiene con recortar la libertad, con impedir el ejercicio libre de las personas?
¿Por qué el Gobierno lanza estos tres asuntos: educación, aborto, límites a las protestas? ¿Es para distraernos de los serios problemas sociales que padecemos y, aún más, de los que se avecinan?
Alguien puede argumentar que son coincidencias no buscadas, pero resulta llamativo que, a la vista de la situación que la política del Gobierno iba a producir, comenzaran por eliminar la gratuidad de la Justicia, impidiendo la posibilidad de la protesta ante esta institución de un gran número de ciudadanos. Se completa esta actitud restrictiva estableciendo altísimas multas por manifestarse en la calle, último recurso que queda para expresar el descontento después de haber cortado el judicial, y con unas tasas académicas excesivas que evita que los sectores más perjudicados accedan a la preparación universitaria.
Ahora nos anuncian una ley de interrupción del embarazo que retrocede 30 años de historia, con unos principios basados en las exigencias de la Curia y con algunos elementos que por razones dogmáticas chocan con la conciencia cristiana que dicen proteger. Así que un feto con malformaciones debe vivir (aunque después le nieguen el apoyo como dependiente) pero un niño sano puede morir por ser fruto de una violación. En los términos apocalípticos que usan estos cristianos de pacotilla del Gobierno matarán a un niño sano por proceder del pecado, y harán vivir a otro con graves deformaciones. ¿Es así como entienden la caridad cristiana los ministros y los obispos?
Es hora ya de abandonar la hipocresía. Nadie es proabortista, sería una aberración ir proclamando la “conveniencia” de abortar. Se trata de garantizar que cuando una mujer se vea en una situación en la que su opción es interrumpir el embarazo lo pueda hacer, primero, con garantías sanitarias, segundo, sin que nadie pueda castigarla por ello.
Con adoctrinamiento educativo, con restricciones al ejercicio de la libertad, con ataduras al derecho de protesta no se construye el futuro de una nación, que está exigiendo tolerancia en la convivencia y solución a los problemas materiales que le impiden una vida con dignidad.
La prosperidad de una nación se mide mediante unos índices conocidos: la salud de los ciudadanos mejora, se produce una continua elevación de la formación de los jóvenes, aumenta la investigación y la ciencia y se extiende la cultura en la sociedad. En todos estos capítulos se está produciendo una involución a través de la reducción del gasto o de la elevación de los costes vía tasas o impuestos y por una interpretación dogmática de la convivencia.
Los pueblos pasan por periodos históricos que hacen muy costosa la vida. Se cumple este año el centenario de la Gran Guerra: cuando finalizó, los países europeos quedaron extenuados, arrasados, pero lograron recuperarse, aunque veinte años después hubieran de sufrir otro enfrentamiento mundial que produjo millones de muertes, destrucción de muchas ciudades, hambre, paro, dolor. Pero Europa se levantó y construyó la región más próspera y justa del mundo.
Estamos de nuevo en una sima de la curva de la prosperidad. Esta vez no por una guerra militar, pero sí por una guerra económica de los grandes grupos financieros internacionales y, en el caso de España, por un Gobierno cuyo objetivo es hacer desandar el camino de la historia a un pueblo atónito ante tanta incompetencia para cumplir con sus objetivos de mejorar la condición de los ciudadanos. La única esperanza es que esta tormenta pasará.
Alfonso Guerra
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