La inflación es el impuesto más injusto. Esta frase recurrente ha sido pronunciada, entre otros, por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los académicos denominan progresividad en frío al efecto de la evolución de precios sobre el impuesto sobre la renta. Si el IRPF no se actualiza al IPC, se produce una subida fiscal silenciosa e imperceptible, aunque subida al fin y al cabo. Sin embargo, ninguna de las 125 propuestas del informe de más de 440 páginas que han de los expertos se hace mención a establecer un mecanismo automático para actualizar los mínimos personales, las reducciones y las tarifas del IRPF.
El tema para el bolsillo de los contribuyentes no es menor. La última vez que se actualizó el impuesto fue en 2008, un hecho que encarece en más de 200 euros la cuota a pagar de un asalariado que gana 30.000 euros. Además, en términos relativos, no deflactar la tarifa tiene un mayor coste para las rentas bajas porque son las que más se benefician de los mínimos exentos o de las reducciones por rendimientos del trabajo. A mayor renta, menor es el efecto negativo de no deflactar la tarifa en términos relativos.
Por ejemplo, el mínimo personal, es decir, la parte de renta que queda libre de tributación por considerarse que cubren las necesidades básicas de los contribuyentes se mantiene en 5.151 euros desde 2008, obviando que hoy un euro vale menos que hace siete años. Entre 2008 y 2014, la inflación acumulada ha sido del entorno del 10%. Sin embargo, las tarifas, mínimos y reducciones del impuesto se han mantenido inalterables, lo que equivale a un incremento tributario.
El informe de los expertos rechaza que el impuesto se actualice a los precios porque entienden que resultaría contraproducente en un contexto en el que el Ejecutivo persigue la desindexación de la economía española, es decir, que tanto salarios como precios y tasas no se vinculen a la inflación. Por otra parte, sostienen que actualmente el riesgo de inflación es nulo y la variación del IPC se quedó en el 0% en febrero. Hoy, la inflación no es un problema y es probable que no lo sea durante los próximos años.
Cuando en 2008 se actualizó por última vez la tarifa, los mínimos personales y la reducción por rendimientos del trabajo –actualmente fijados en 2.652 euros para bases imponibles superiores a 12.000 euros–, el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estimó un ahorro de 1.000 millones de euros. Informes del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) apuntan que el coste anual de no actualizar el IRPF alcanza los 2.400 millones. Así, el rechazo a corregir el impuesto en función de los precios desde 2008 ha supuesto un incremento fiscal mayor que la subida del IRPF que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y que supuso elevar la recaudación en unos 4.000 millones de euros.
En cualquier caso, los expertos sí recomiendan elevar los mínimos exentos, lo que permitiría mitigar el efecto de no deflactar la tarifa del impuesto desde 2008. “Se debería actualizar la cuantía del mínimo de exención por cónyuge e hijos, aplicando una cuantía adicional y más elevada por los hijos menores de tres años cuando ambos cónyuges desarrollen su actividad laboral fuera del domicilio familiar”, indica el informe de los expertos presentado el pasado viernes.
Actualmente, el umbral exento de los contribuyentes del IRPF se eleva en 1.836 euros por el primer hijo, en 2.040 euros por el segundo, en 3.672 en el tercero y en 4.182 euros para los cuartos y siguientes. Además, esta cifra se incrementa en 2.244 euros adicionales por cada hijo menor de tres años. Aun así, el Ejecutivo entiende que el IRPF actual no beneficia suficientemente a las familias con descendencia. En la reforma fiscal que aprobará el Gobierno y que entrará en vigor en 2015 se contemplan más medidas en esa dirección. Los expertos también coinciden en la necesidad de aplicar cambios tributarios que contrarresten “la reducida tasa de natalidad”. En principio, Hacienda pretende que las familias con hijos sean las principales beneficiarias de la reforma fiscal.
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